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Impuestos anti-web: Ecofin obligando

Las dos jornadas en Tallinn del Eurogrupo y Ecofin arrancan el 15 de septiembre: entre los temas sobre la mesa, el debate sobre la Web Tax. Sin embargo, la presidencia estonia no comparte el enfoque propuesto, indicando la posibilidad de gravar a las empresas a partir del número de clientes y/o contratos existentes en los diferentes países. En el visor Apple, Amazon, Google y Facebook

Impuestos anti-web: Ecofin obligando

La propuesta presentada por los 4 países promotores -Italia, Francia, Alemania y España- prevé una tributación basada en los ingresos generados por el tráfico digital y solo por encima de un determinado techo, dejando así atrás un sistema basado en la tributación de los beneficios. 

La industria digital, considerando su carácter inmaterial, logra eludir la tributación ligada al lugar de residencia. 

Según una fuente francesa, no se trata de "crear un recargo, sino simplemente de hacer que las empresas paguen impuestos que correspondan a sus actividades reales realizadas en los distintos países: piense en un impuesto entre el 2 y el 6% del volumen de negocios , de modo que no supere el monto que estas empresas tendrían que pagar por concepto de impuesto a las ganancias”.  

La presidencia estonia de Ecofin señalará la necesidad de revisar la definición de "residencia permanente o estable" de una empresa del sector digital: "incluso sin presencia física -subraya la presidencia- una empresa con una presencia digital significativa podría verse obligada a tener una 'presencia permanente virtual' en una jurisdicción para cumplir con las normas del impuesto de sociedades, incluidas las normas de asignación de beneficios”. 

La web tax ya es una realidad en algunos países. En 2015, en el Reino Unido, se introdujo un impuesto sobre las ganancias que se basa en la actividad presunta en el territorio (tasa del 25%, 5 puntos porcentuales más que la tasa para las empresas). 

Italia puso en marcha en 2016 el impuesto único del 6% sobre las ventas de bienes y servicios realizadas por sujetos no residentes y en la última maniobra financiera de junio introdujo una especie de 'compliance' voluntario para las empresas digitales que facturen más de 50 millones de euros

 

 

 

 

 

 

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