Sobre la mesa del Consejo de Ministros hoy no está sólo la reforma laboral. De hecho, en la agenda del equipo de Monti, el primer punto de la agenda es otro muy diferente: el proyecto de ley habilitadora de la reforma tributaria. Sin embargo, no es seguro que la aprobación se alcance hoy. El Gobierno podría limitarse a continuar la discusión, aplazando la luz verde a una posterior reunión de ministros.
De esta delegación se viene hablando desde hace semanas, pero aún quedan muchas cuestiones por aclarar. En primer lugar la relación entre esta medida y la delegación emitida por el gobierno anterior, con la firma de Giulio Tremonti en la parte inferior. Un texto aún suspendido en el aire entre las oficinas del Parlamento.
De la información que tenemos sobre los proyectos del nuevo Ejecutivo, el único punto en común entre ambos poderes debería ser la reordenación de las desgravaciones fiscales. Por otro lado, se saltan capítulos mucho más importantes previstos por los Berluscones, como la cancelación de lairap y la reducción de tasas de impuesto sobre la renta personal de cinco a tres (un rechazo confirmado oficialmente ayer por el Viceministro de Economía, Vittorio Grilli).
El vínculo entre las dos medidas es, por lo tanto, muy tenue, pero la delegación de Berlusconi aún podría sobrevivir, al menos formalmente. La idea de no escribir un nuevo texto, sino de cambiar el anterior con una gran enmienda. Según el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Mario Baldassarri, la ley tributaria que ya examina el Senado podría ser también un instrumento idóneo para trasladar partes de la delegación.
El objetivo sería reducir tiempos de aprobación, que ya son suficientemente largos para este instrumento legislativo. Luego de la aprobación del proyecto de ley habilitante, el gobierno tendrá nueve meses para emitir uno o más decretos habilitantes, mientras que cualquier medida correctiva deberá llegar en los siguientes 18 meses. Cada decreto deberá entonces ser examinado y aprobado por las comisiones parlamentarias, para luego recoger el visto bueno definitivo.
Veamos en forma de diagrama cuáles son los puntos fundamentales que se deben incluir en el texto:
– Fondo de IRPF. Los recursos provenientes de la lucha contra la evasión y del saneamiento de las concesiones irán a parar a un fondo destinado a posibles desgravaciones fiscales.
– Revisión de ingresos catastrales. No se prevé un aumento de la tasa general (la tasa disminuirá a medida que aumente la renta vitalicia), sin embargo, se revisarán los criterios a partir de los cuales calcular los ingresos catastrales, en particular reemplazando el número de habitaciones por metros cuadrados como unidad básica de medida. Para establecer las nuevas rentas, sin embargo, también se tendrán en cuenta otros aspectos más difíciles de determinar, como la diferente calidad de las zonas en las que se ubican los edificios. Por lo tanto, la operación podría requerir un total de algunos años de trabajo.
– De IRES a IRI. El impuesto de sociedades será sustituido por el nuevo impuesto de sociedades. Básicamente, las rentas de los profesionales y pequeños empresarios estarán sujetas al Irpef, que es un impuesto progresivo, es decir, crece a medida que aumentan las rentas. Ires, por su parte, tenía una tasa fija de 27,5%.
– Beneficios de corte. Probablemente sea la cuestión más delicada y compleja de las que tendrá que hacer frente el Gobierno tras el visto bueno de la delegación. El informe técnico señala que, “habiendo decidido oportunamente renunciar a los recortes lineales, es necesario identificar selectivamente las medidas que se pueden intervenir”. Algunas se consideran "intangibles", como las previstas por nuestra Constitución o por el ordenamiento jurídico comunitario. Se pretende, por tanto, reducir “los gastos tributarios más obsoletos, menos acordes con la estructura del sistema tributario, los destinados a un reducido número de beneficiarios, los de modestas cuantías unitarias”.
– disputas. Se prevé el uso de procedimientos extrajudiciales para la resolución de pequeños litigios a fin de acelerar los litigios que sean competencia de las comisiones tributarias. La conciliación judicial también podría extenderse a la fase de apelación ya la sentencia de revocación.
– Impuesto sobre el carbono. Impuestos especiales entrantes más pesados sobre los productores de combustibles fósiles para financiar el desarrollo de fuentes renovables.
– Sanciones penales más severas. La elusión fiscal no tendrá relevancia penal, pero para los evasores las sanciones serán revisadas según criterios de "predeterminación y proporcionalidad" de la conducta.
