comparte

Enajenaciones, el plan Invimit de los 6 millones

El plan prevé que para 2017 los fondos vinculados al Invimit contengan edificios públicos por un valor de 6,1 mil millones - De estos recursos, cuatro mil millones se referirían a "fondos directos", que incluirían propiedades del INPS (por 1,9 mil millones), el Lazio Región (800 millones), Unioncamere e Inail (1,4 mil millones).

Se llama Invimitar y ha desarrollado un plan que hace diez días fue aprobado por el Banco de Italia. Se trata de una sociedad de gestión de activos creada en los últimos meses por Hacienda y encomendada a la ex directora de la Agencia de Bienes del Estado, Elisabetta Spitz. Su objetivo es gestionar directa o indirectamente (a través de otras sociedades gestoras de activos, quizás privadas) una serie de fondos inmobiliarios a los que el Estado o las autoridades locales transfieren parte de los bienes públicos para ser valorado o vendido. No solo eso: Invimit también podrá encontrar en el mercado sujetos privados dispuestos a invertir, como fondos de pensiones, compañías de seguros e instituciones financieras extranjeras. 

Como recuerda Sergio Rizzo en el Corriere della Sera, el plan prevé que para 2017, los fondos vinculados al Invimit contendrán edificios públicos por valor de 6 millones y 100 millones de euros. De estos recursos, cuatro mil millones se referirían a "fondos directos", que incluirían las propiedades del INPS (por 1,9 mil millones), la Región de Lazio (800 millones), Unioncamere e Inail (1,4 mil millones). Esta última entidad también aportará liquidez por 800 millones y 1,8 millones. Propiedades por otros XNUMX millones saldrían entonces de "fondos de fondos", como el Fondo Escolar, el Fondo Penitenciario o el Fondo Cuartel, en los que se intentará fusionar una serie de estructuras en desuso. 

Los recursos obtenidos de la venta de estos activos podrán ser utilizados para reducir la deuda pública. Por otro lado, también incidirían en el déficit, porque en algunos casos permitirían ahorrar al Estado, por ejemplo, al trasladar una oficina pública de un edificio de alquiler privado a un edificio que ya es de propiedad pública. 

Revisión