Una decisión, la de la Corte, que corre el riesgo de tener un impacto disruptivo en las finanzas públicas italianasel. Según la estimación de la Abogacía del Estado, el coste del rechazo rondaría los 1,8 millones para 2012 y unos 3 millones para 2013, por un total de casi 5 millones de euros.
Según la sentencia de la Corte, “el interés de los pensionistas, especialmente de los titulares de modestas prestaciones de la seguridad social, va encaminado a mantener el poder adquisitivo de las cantidades percibidas, de las que deriva el derecho a una adecuada prestación de la seguridad social”. El derecho en cuestión, "fundado constitucionalmente, se sacrifica injustificadamente en nombre de necesidades económicas no explicadas en detalle".
No es poco el apuro que se abre para el Gobierno, que puede cambiar la política económica y poner en peligro la hacienda, a no ser que, tras las Regionales, se encuentre la vía de recortes contundentes al gasto improductivo de la Administración Pública.
