Esperando el voto brexit, Gran Bretaña anota un punto en la contienda con Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que el Reino Unido puede denegar el acceso a las prestaciones sociales (especialmente las asignaciones familiares) a los ciudadanos de la UE que no dispongan de permiso de residencia en territorio británico. El caso había sido llevado a la atención de la Corte por la Comisión Europea.
Los jueces admiten que se trata de una discriminación indirecta -como apoya el ejecutivo de la UE- pero argumentan que está justificada por la necesidad de Londres de proteger sus finanzas públicas.
De hecho, las asignaciones familiares y el crédito fiscal por hijos a cargo son servicios que no se financian con las cotizaciones de los beneficiarios, sino con los impuestos. Para poder optar a estos servicios, la legislación británica exige que el solicitante cumpla tres requisitos: además de ser titular de un permiso de residencia, debe tener su residencia habitual y estar ubicado físicamente en Reino Unido.
El primer ministro británico, David Cameron, había insistido en el pasado en la necesidad de poder limitar las medidas de bienestar a favor de los ciudadanos de otros países de la UE, para reducir también el peso de la inmigración intraeuropea.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque controvertida, podría tener peso en los últimos días de la campaña electoral antes del referéndum del 23 de junio. De hecho, la sentencia es una de las principales armas en manos del frente pro-Brexit, que pide salir de la UE también para reducir el número de inmigrantes y proteger el estado del bienestar británico.
Al final de la mañana, la Comisión de la UE también comentó la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre derechos sociales: indica que el acuerdo definido por los jefes de Estado y de Gobierno a finales de febrero con Gran Bretaña es plenamente legítimo, dijo el vocero del ejecutivo comunitario. La Comisión perdió el caso ante la Corte pero el vocero indicó que en el momento de los hechos no había la claridad jurídica necesaria. En todo caso, la sentencia confirma que “la libre circulación de las personas no significa automáticamente el libre acceso a los derechos sociales de cada país en particular.
