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Ligresti, incautación de 120 millones de euros

La decisión se inscribe en el ámbito de la demanda civil iniciada por el comisario ad acta de Fonsai y por Unipol - Se acepta la solicitud de embargo preventivo de 120 millones de euros de los 440 solicitados - Las excepciones relativas a la indemnización suscrita con Unipol y las relativas al llamado papello fueron rechazadas entre Nagel y Ligresti

El juez civil del Tribunal de Milán Angelo Mambriani ha admitido la solicitud de embargo preventivo por 120 millones de euros, de los 440 millones solicitados, contra Salvatore Ligresti, sus hijas Giulia y Jonella y los exdirectivos Fausto Marchionni y Antonio Talarico.

La decisión se enmarca en el ámbito de la demanda civil iniciada por el comisario ad acta del Fonsai y por la Unipol, que desde el pasado mes de octubre aprobó la fusión con el grupo asegurador anteriormente propiedad de los Ligrestis.

En la sentencia, el juez rechaza las objeciones presentadas por los Ligresti relativas a la indemnización suscrita con Unipol en enero de 2012 y también la relativa al llamado papello suscrito entre Alberto Nagel, director general de Mediobanca, y Salvatore Ligresti, relativo a los 45 millones de euros equivalentes a las acciones de Premafin de la familia. En detalle, el papello de Mediobanca, escribe Mambriani, “en la actualidad, parece poder legitimar una mera expectativa, como tal, insuficiente para integrar una garantía patrimonial que aquí puede evaluarse, ciertamente no un derecho de crédito y, visto más de cerca, ni siquiera un derecho de disputa”.

El juez también escribe que “en lo alto del Fonsai se instaló un grupo de personas, es decir, los miembros de la familia Ligresti, entre los cuales existía un acuerdo tendiente a administrar la empresa en beneficio propio, con múltiples fines coexistentes: mantenimiento de control, distribución de dividendos, ejecución de operaciones inmobiliarias”.

Mambriani identifica luego los perfiles de ilegitimidad de una serie de transacciones inmobiliarias y el perjuicio causado a Fonsai y otras empresas del grupo, así como la ilegitimidad de la indemnización pagada a Jonella Ligresti en relación con el cargo de presidente del directorio de Fonsai, ocupado durante tres períodos de 2003 a 2012.

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