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El gobierno da marcha atrás en la nacionalización de las redes de Telecom

Tras el desconcierto suscitado en el borrador de la maniobra económica por las normas anunciadas sobre la gestión pública de las redes de telecomunicaciones de nueva generación, el Gobierno da marcha atrás. El principio de subsidiariedad horizontal está vigente en la nueva ley. Pero la pregunta sigue abierta.

El gobierno da marcha atrás en la nacionalización de las redes de Telecom

Retroceso del gobierno en las redes de comunicación de nueva generación (infraestructura de banda ancha y banda ultra ancha). El Consejo de Ministros de ayer revocó la norma que preveía una fuerte intervención del Estado en la transición de la red de cobre a la red de alta velocidad NGN (red de próxima generación) del 50% de los usuarios para 2020. El proceso debería haber sido gestionado por el capital público newco FiberCo, en el que deberían haber convergido todos los operadores del sector. Se suponía que FiberCo lideraría la modernización de la red considerada como un recurso universal, que se desarrollaría en todas las áreas del país incluso en caso de falla del mercado. El motor financiero de la operación habría sido, además de los fondos estructurales de la Unión Europea, el Fondo de Depósitos y Préstamos. La noticia había alarmado a Telecom, que habría visto cuestionado su papel central en el sector. A cambio de una indemnización, en parte líquida y en parte consistente en una participación en la newco, la telefónica también se habría visto privada de la red de cobre que gestiona actualmente, de la que Fiberco habría asumido la carga de la modernización. Se habló de la nacionalización de facto del servicio. Entre los más agresivos estaban los accionistas de Telecom reunidos en Asati, que habían mostrado su disconformidad con el proyecto financiero a través de su vocero Franco Lombardi. Cuestionado por el proyecto de gobierno, según la asociación de accionistas, habría sido el papel central de Telecom, con enormes costos a cargo de la empresa, además de la posición de los inversores. La polémica fue amortiguada de raíz por el viraje del gobierno que en la maniobra desvirtuó el artículo 29. En el texto definitivo se reduce mucho el papel del Estado. El ejecutivo se limitará a elaborar un proyecto estratégico para la construcción de la infraestructura según el principio constitucional y comunitario de subsidiariedad horizontal. El Estado intervendrá únicamente en los casos en que los particulares no hayan diseñado un plan de cobertura para el 50% de los usuarios en los próximos 5 años. La posición de Telecom está así fuertemente protegida dado que sus planes de inversión a cinco años contemplan redes de nueva generación para las 138 principales ciudades italianas. (Arkansas)

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