Il nuevo gobierno japonés, después de lanzar un política económica heterodoxa y audaz (estímulo presupuestario financiado, en la práctica, con la emisión de moneda), también pretende innovar en otros campos. Y ha tomado por los cuernos uno de los tabúes institucionales más persistentes: la revisión de la Constitución, en particular en lo que se refiere al papel de las fuerzas armadas. El artículo 9 de la Constitución (redactada sustancialmente por los estadounidenses después de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, entró en vigor en 1947 y nunca se modificó desde entonces) establece que Japón renuncia a la guerra para siempre y también prohíbe el uso de la fuerza para resolver disputas internacionales. Así Japón, por ejemplo, no pudo, en 1991, colaborar en la coalición que, bajo los auspicios de la ONU, liberó a Kuwait de la ocupación iraquí.
Esta incapacidad fue sentida como una humillación por parte de Japón, que se limitó a financiar el coste de la intervención por unos buenos 13 millones de dólares (20% del total). Pero hoy, el primer ministro Shinzo Abe cree que, con una Corea del Norte demasiado armada e impredecible, un poderío militar chino en crecimiento (y, aunque no lo mencionó, la disputa de los islotes del Mar de China), es hora de que Japón dé más Opciones en el ejército.
