El consorcio de empresas para la duplicación del Canal de Panamá (GUPC), del que forma parte Salini Impregilo, propone a la Autoridad del Canal (ACP) una forma de resolver la disputa por los sobrecostos de la obra. Lo hace con una carta fechada el 27 de diciembre, en la que subraya las graves consecuencias que acarrearía una ruptura del contrato por la parte panameña.
El documento desmiente las recientes declaraciones del número uno de la Autoridad del Canal, Jorge Quijano, quien en una entrevista con El País se queja de que solo se enteró de las propuestas de la Gupc por la prensa, por tanto de una “manera muy irregular e irrespetuosa”.
En el escrito, la Gupc hace "dos propuestas sencillas" para culminar el proyecto "en un tiempo razonable y con una cantidad razonable". El consorcio "está listo para aceptar un acuerdo que cubra todas las solicitudes y completar el trabajo a mediados de 2015 por un pago de mil millones de dólares además del precio del contrato".
En este escenario, el Consorcio estaría renunciando a "los muchos millones de dólares que le corresponden". Sin embargo, si la ACP incumpliera “ilegalmente” el contrato, las consecuencias serían muy graves -subraya el consorcio- para el propio Panamá. Encontrar un nuevo contratista sería aún más costoso que pagar los costos adicionales al consorcio, las obras se pospondrían de 3 a 5 años y las disputas legales se prolongarían durante años en los tribunales estadounidenses y europeos.
