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El sistema público de investigación en Italia: lo que lo frena. La investigación del Banco de Italia

Según lo que se desprende de una encuesta realizada por el Banco de Italia, nuestro país invierte menos que la media europea en el sector de la investigación pública - La motivación puede atribuirse a una cierta resistencia de la investigación pública italiana a adoptar nuevos modelos organizativos y de incentivos, pero incluso en dificultades presupuestarias.

El sistema público de investigación en Italia: lo que lo frena. La investigación del Banco de Italia

En el sector de la investigación pública, Italia invierte menos que la media europea. Sin embargo, si se compara con los recursos involucrados y los investigadores, la producción es alta y su calidad media, realizada en universidades e instituciones de investigación, no está lejos de países vecinos como Francia, a pesar de presentar dificultades de afirmación en los picos más avanzados. Así lo reveló una encuesta realizada por el Banco de Italia.

El sistema italiano, bastante articulado y fragmentado en cuanto a los sujetos que actúan en él y en las fuentes de financiación, adolece de una mala aplicación de los resultados y una débil colaboración con las empresas, que a su vez invierten poco y encuentran dificultades para vincular sus investigación con centros públicos de investigación. El sistema adolece también de la falta de una estrategia clara que establezca los objetivos a alcanzar, los modelos organizativos de las estructuras de investigación y defina los recursos necesarios para alcanzarlos. La motivación puede rastrearse en una cierta resistencia de la investigación pública italiana a adoptar nuevos modelos organizativos y nuevos mecanismos de incentivo, como ocurre en otros países, y en la limitada inversión de las empresas en actividades de investigación y desarrollo.

Según datos de Istat y de la OCDE, en promedio en el quinquenio 2006-2010 trabajaron en Italia 97 investigadores (entre públicos y privados), lo que equivale a 4,2 por cada 1.000 empleados; fueron 3,3 en el quinquenio anterior. En los demás grandes países europeos, la presencia de investigadores es más numerosa y generalizada: 224 en Francia (8,7 investigadores por 1.000 ocupados); 304 en Alemania (7,9 por 1.000 ocupados); 250 en Reino Unido (8,6 por 1.000 ocupados); 128 en España (6,5 por 1.000 ocupados). En comparación con Francia y Alemania, la incidencia de investigadores es particularmente baja en el sector privado. Según datos de la OCDE, el gasto por investigador -expresado en valores constantes y en paridad de poder adquisitivo- equivalió, en el quinquenio 2006-2010, a una media de 209 dólares anuales, inferior al quinquenio anterior. e inferior sólo al de Alemania.

El gasto público en investigación se destina a dos grandes áreas de referencia: la investigación básica y la investigación aplicada. Tanto para los primeros como para los segundos, la financiación apoya proyectos definidos como “estratégicos a nivel nacional” y proyectos de investigación específicos realizados por instituciones de investigación, universidades, consorcios o empresas consorciadas, empresas, fundaciones, etc.

Pero, ¿de dónde provienen los recursos públicos para la investigación? Los fondos públicos para la investigación son principalmente de origen nacional, a través de préstamos otorgados por los Ministerios para apoyar tanto a las instituciones públicas encargadas de la investigación (Universidades y organismos públicos de investigación), como a las empresas y otras entidades privadas que realizan proyectos de investigación. Actualmente, los principales fondos o programas gestionados por el MIUR son el FFO (Fondo Ordinario de las Universidades), destinado al funcionamiento integral de las Universidades; el FOE (Fondo para Organismos Públicos de Investigación), destinado a la financiación global de los Organismos Públicos de Investigación supervisados ​​por el MIUR; el PRIN (Proyectos de Investigación de Relevante Interés Nacional), destinado a las Universidades; el FIRB (Fondo Integrador de Investigación Básica), destinado a Universidades e Instituciones de Investigación que colaboran con empresas; el FAR (Research Facility Fund), que financia la investigación industrial.

La necesidad apremiante de relanzar la capacidad innovadora del país no puede desligarse de un sistema público de investigación adecuadamente financiado y eficientemente gobernado. Sin embargo, es evidente que, dadas las dificultades del presupuesto público, no es fácil encontrar recursos adicionales para la investigación. Sobre todo, el país debe realizar una seria reflexión sobre las fortalezas y debilidades del sistema y sobre las metas de largo plazo que se propone perseguir. De momento los recortes realizados a la financiación ordinaria de las universidades (unos 750 millones en términos nominales entre 2008 y 2013) no parecen, por ejemplo, coherentes con los compromisos adquiridos en el marco de Europa 2020 para una ampliación de la cuota de jóvenes titulados ni parecen basarse en una estrategia clara en el ámbito de la investigación y la innovación.

En general, es difícil identificar una estrategia en la financiación y gobernanza de la investigación, en la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos, en la identificación de sinergias a nivel nacional y entre las políticas regionales, nacionales y europeas. Dada la importancia del sector, la reflexión sobre los objetivos a perseguir, sobre los recursos a destinar a la investigación y a la universidad y sobre la gobernanza del sistema lucha por encontrar espacio en el contexto político y económico nacional y alimentar una verdadera debate público sobre las opciones a tomar. Sin embargo, ninguna actividad de evaluación puede reemplazar la definición de objetivos claros a partir de los cuales construir una estrategia a largo plazo, si bien es cierto que ninguna estrategia creíble puede construirse sin una visión clara del estado del sistema y sus fortalezas. y debilidades.

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