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Tribunal de Cuentas: el acuerdo corre el riesgo de ser una amnistía preventiva

El presidente del Tribunal de Cuentas declaró que el convenio de dos años con los acreedores podría tener efectos discriminatorios hacia los trabajadores que no tienen un número de IVA y podría perjudicar a las clases sociales más débiles. Según el poder judicial contable, la reforma tributaria debe enfocarse principalmente en la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos.

Tribunal de Cuentas: el acuerdo corre el riesgo de ser una amnistía preventiva

El convenio de acreedores de dos años, previsto por la reforma fiscal, corre el riesgo de "transformarse, concretamente, en una especie de mera amnistía preventiva". Esta es la opinión del presidente del Tribunal de Cuentas, Luigi Giampaolino, escuchada en la Comisión de Hacienda de la Cámara sobre la delegación al Gobierno para la reforma fiscal. Sobre la amnistía el enfrentamiento es reñido: entre la mayoría y la oposición pero también entre sindicatos, empresas y bancos. El Poder Judicial de la Contaduría quiso advertir: la va a ser grande diferencias que surgirían entre trabajadores con CIF (a quien va destinado el acuerdo) y los demás trabajadores, como los empleados (que no podrán beneficiarse del impuesto 'descuento').

En particular Giampaolino comentó i posibles efectos de la “discriminación, constitucionalmente relevante, que este particular régimen tributario pudiera ocasionar respecto de las restantes categorías de contribuyentes que seguirán estando sujetos en cambio a la tributación analítica”.

El tema de la amnistía estará en el centro de las audiencias que comienzan esta tarde en el Senado en la Comisión de Hacienda. El objeto: una encuesta de investigación sobre la reforma tributaria. Pero mientras tanto el Tribunal de Cuentas, destacando los límites de la ley de delegación en el gobierno, plantea el problema de las nuevas fuentes de ingresosen lugar de perdones. Dice Giampaolino: "Debemos preguntarnos si las incertidumbres que afectan a la cobertura de la delegación fiscal y asistencial hacen necesario explorar nuevas fuentes de ingresos, en la dirección de bases imponibles personales o reales que no insistan en el trabajo y las empresas".

Ya. Porque Giampaolino no oculta eso la reforma fiscal, previsto por la ley habilitante, presentaría problemas de cobertura e también sería contra las clases sociales más débiles. En la práctica, explicó el presidente, los ahorros de una reordenación del gasto social podrían "compensarse en gran medida con los recursos que habrá que poner en marcha para asegurar servicios adecuados ante un previsible repunte del fenómeno de la no autosuficiencia". Además, Giampaolino recordó que en muchos casos con el gasto social “estamos ante desembolsos monetarios que forman parte de una 'política oculta' de lucha contra la pobreza”.

Finalmente, según el Presidente del Tribunal de Cuentas, la delegación tributaria tendría “medios de cobertura inciertos, limitados y en ocasiones desactualizados por eventos”, también en consideración al hecho de que muchas herramientas ya han sido utilizadas en las últimas maniobras.

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