El bosque de la justicia italiana se poda a machetazos. El Gobierno ha dado hoy luz verde a un proyecto de decreto legislativo para la reorganización de las oficinas judiciales. El objetivo es borrar 37 juzgados, 38 fiscalías, las 220 sucursales y 674 juzgados de paz. no se espera sin reducción de personal, que será reubicado, pero el Estado aún ahorrará una buena cantidad: algo menos de tres millones para 2012, más de 17 millones el próximo año y casi el doble, 31 millones, en 2014.
Sin embargo, el verdadero propósito de la reforma no tiene nada que ver con las finanzas en primer lugar, sino con la eficiencia de todo el sistema judicial italiano. “Es impensable y anacrónico mantener una geografía judicial que se remonta a la época de la unificación de Italia – dijo el Guardián de los Sellos, paula severino, presentando el plan -. La fragmentación y el despilfarro de los recursos judiciales ha llegado en ocasiones a niveles vergonzosos. Solo por dar algunos ejemplos, hay secciones en las que se emplean hasta cinco unidades de personal administrativo a lo largo de un año completo para tratar poco más de un centenar de procedimientos, utilizando estructuras que cuestan a los ciudadanos solo por fuera de servicio. gastos de bolsillo (servicios de luz, agua, teléfono y mantenimiento ordinario) en torno a los 50 euros al año. Con esta disposición podremos salvar unos mil edificios con sus costes y su mantenimiento".
En cualquier caso, los recortes no serán indiscriminados. Los juzgados ubicados en las capitales de provincia no se verán afectados. Otro límite está representado por la llamada "regla de los tres", según la cual no puede haber menos de tres tribunales y fiscalías por cada distrito del Tribunal de Apelación. Esta restricción “impidió la supresión de oficinas claramente por debajo de los estándares establecidos – se lee en el comunicado de prensa de Palazzo Chigi -. Precisamente la concurrencia de estas dos reglas ha restringido considerablemente el ámbito de intervención sobre el total de 165 juzgados”.
Finalmente, otra aclaración del ministro Severino: “Se habló de una disposición vinculada a la Revisión de Gastos, pero no es así –explica– por un criterio de cronología y procedencia”. El proyecto de reformase deriva de la delegación que el anterior Ejecutivo tenía y que ha heredado este Gobierno. Una delegación que permitió la reorganización de los juzgados y espacios judiciales, para hacer eficiente la justicia también a través de la redistribución judicial” con el objetivo de “mantener sólo aquellos principales con el tamaño necesario y suficiente para dar resultados. Los tribunales con un número de magistrados de 20 a 28 magistrados pueden permanecer abiertos pero solo si se encuentran en una zona de crimen organizado o cuyo movimiento causaría inconvenientes de transporte".
