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Brasil, nueva denuncia por Lula

El fiscal de San Paolo sospecha que Lula y su esposa son los verdaderos dueños de un súper ático propiedad del holding de ladrillos Oas, involucrado en la investigación 'Lava Jato', que ya llevó a prisión a decenas de políticos, directivos, empresarios y reparadores.

Brasil, nueva denuncia por Lula

Falsedad ideológica y lavado de dinero: estas son las acusaciones contenidas en la nueva denuncia recibida por el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. La historia se refiere a algunas propiedades de su propiedad, que supuestamente Lula ocultó.

La fiscalía de San Paolo también denunció a otras 16 personas además del expresidente, entre ellas su esposa, Marisa Leticia, y uno de los hijos, Fabio Luis, presuntamente beneficiarios de un penthouse de lujo propiedad de Oas, el ladrillo involucrado en el Tangentópolis brasileña.

El escándalo de corrupción del pasado viernes había desembocado en la espectacular la policía allana la casa de Lula para obligarlo a declarar como parte de la investigación de Petrobras. De hecho, Lula es sospechoso de ser uno de los beneficiarios del esquema de sobornos vinculado al gigante petrolero brasileño.

El fiscal sospecha ahora que Lula y su mujer son los verdaderos propietarios del ático en Guarujà (216 metros cuadrados en 3 plantas), propiedad del holding ladrillero Oas, implicado en la investigación "Lava Jato", que ya ha llevado a decenas de políticos, directivos, empresarios y reparadores.

Lula ha negado repetidamente ser el dueño del apartamento, pero admitió que en el pasado le habían ofrecido la compra. El Instituto Lula, la fundación del exjefe de Estado, precisó el mes pasado que doña Marisa había comprado una parte del inmueble a través de una cooperativa de la unión bancaria, que sin embargo fue declarada insolvente y se tomó la propiedad de todo el condominio Solaris. por la OEA.

En cambio, los investigadores sospechan que el penthouse fue comprado por Lula y amueblado por indicaciones directas de la esposa del expresidente. Los magistrados llegaron a esta conclusión tras interrogar a un centenar de personas entre vecinos, trabajadores, porteros y empleados del edificio.

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