la8 × 1000 cumple 36. Era el 18 de febrero de 1984 cuando el gobierno italiano -presidido por Bettino Craxi- firmó con la Santa Sede el acuerdo de villa madama, también llamado concordato bis, que renueva los pactos de Letrán en memoria de Mussolini (1929).
Uno de los temas a tratar fue la nueva forma de financiación de la Iglesia por parte de la República después la abolición del llamado "cheque congrua" (un desembolso mensual garantizado por el Estado a los párrocos, que se mantuvo vigente desde la unificación de Italia hasta 1986). Las soluciones encontradas fueron dos: la exención fiscal de las ofertas y, de hecho, el 8×1000, es decir, la distribución de una parte del Irpef al Estado o a las confesiones religiosas en función de las elecciones expresadas por los contribuyentes en sus declaraciones fiscales.
En beneficio de la Iglesia Católica, el mecanismo de distribución del 8×1000 fue concebido de una manera poco intuitiva, apoyándose en la ignorancia (y la pereza) de los contribuyentes. De hecho, la elección de la entidad a la que se destinará la contribución no es obligatoria y muchos italianos piensan que al dejar la casilla vacía, el 8×1000 irá automáticamente al Estado. Pero no es así.
¿La razón? Simple: las contribuciones de quienes no completan la casilla se distribuyen en proporción a las elecciones realizadas por quienes han especificado un beneficiario. Este truco produce una distorsión anormal, porque más de la mitad de los italianos no especifican en sus declaraciones de impuestos a qué institución quieren financiar, mientras que la minoría que indica un destinatario -y decide por todos- elige la Iglesia católica en 8 de cada 10 casos. Resultado: el 8×1000 de los que no escriben nada (es decir, la mayoría de los contribuyentes) 80% va a las arcas del Vaticano, a menudo sin el conocimiento de los propios ciudadanos.
Gracias a este expediente, la Santa Sede recauda aproximadamente mil millones al año del Estado italiano. Si, por el contrario, la Iglesia Católica solo recibiera el dinero de quienes la señalaron como destinatario de los 8xmille, el flujo de dinero se reduciría a más de la mitad.
El Tribunal de Cuentas denunció reiteradamente la falta de transparencia en los desembolsos y el despilfarro de recursos por parte del Estado, que "muestra desinterés por la parte de su competencia", dando la impresión de que "la institución sólo pretende actuar como un aparente contrapeso a la sistema de financiación directa de las confesiones”. Hasta ahora, la política no ha hecho más que ignorar el problema.