Fue un caso de negligencia grave. Y como tal, se sancionó la falta de registro de datos sobre el gasto sanitario en la Comunidad Autónoma de Valencia, en España. Ya que los datos a partir de los cuales se calculó el déficit de este distrito territorial que el Gobierno de Madrid envió en 2012 a Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea, "fueron manipulados". Y por ello el Consejo de la UE, siguiendo una recomendación de la propia Comisión de Bruselas, ha impuesto ahora una multa de 18,930 millones de euros a España.
Es la primera sanción pecuniaria por falsificación de datos presupuestarios que se aplica en Europa desde que se puso en marcha el reglamento (así se define una ley europea que entra en vigor en todos los estados miembros de la UE una vez aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo) número 1173 de 2011 , introducido para reforzar la supervisión de los presupuestos nacionales por parte de las instituciones comunitarias.
La sanción se ordenó al término de una investigación iniciada por la Comisión el 11 de julio del año pasado, cuyos resultados preliminares fueron enviados al Gobierno español el 19 de febrero de este año, solicitando sus observaciones. Los cuales fueron enviados rápidamente a la Comisión. El pasado 7 de mayo, este envió un informe al Consejo, en el que también informaba de las observaciones del Gobierno de Madrid, recomendando la aplicación de una sanción.
Un procedimiento llevado a cabo "en pleno cumplimiento -subrayan fuentes de las dos instituciones comunitarias- de las normas contenidas en el reglamento 1173/2011". Ley inspirada en el convencimiento de que los datos relativos al déficit y la deuda de un estado miembro de la UE son elementos esenciales para la coordinación de las políticas económicas nacionales a nivel europeo.
Este es el marco normativo en el que el Consejo de la Unión Europea puede decidir, a instancias de la Comisión, imponer una multa al Estado miembro investigado, cuyo importe no puede superar el 0,2% del producto interior bruto nacional. Sanción económica que introdujo el reglamento de 2011 para desincentivar la falsificación de datos tanto del déficit como de la deuda de los estados miembros de la UE.
En el caso de esta sanción impuesta a España, el importe de la multa podría haber sido aún mayor si el Gobierno español, al darse cuenta del error, no hubiera corregido los datos en unos meses. Corrección que llevó a la Comisión Europea a aplicar una especie de "descuento" al importe de la multa. Una sanción que, a la luz de la sanción impuesta al Gobierno de Madrid, debería desanimar a los Estados miembros a los que se les ocurra "manipular" los datos presupuestarios. Porque allá arriba, en Bruselas, alguien los está mirando…
