El gobierno de Rumania revierte y revoca un decreto de emergencia que despenaliza el soborno y otros delitos relacionados con la corrupción. El anuncio lo hizo hace unos minutos Kalin Tariceanu, líder de Alde, socio de coalición del oficialista Partido Socialdemócrata.
Las protestas de la población rumana están detrás del repentino cambio de sentido. Decenas de miles de personas, durante cuatro días consecutivos, salieron a las calles de Bucarest y otras ciudades de Rumanía (algo que no sucedía desde la caída de Ceasescu) para exigir la dimisión del primer ministro Sorin Grindeanu y protestar contra un decreto considerado como un intento de frustrar e incluso contrarrestar la lucha contra la corrupción desenfrenada en el país, así como, obviamente, un verdadero regalo para los políticos actualmente investigados por delitos relacionados con la corrupción.
El decreto despenalizaba varios tipos de infracciones y establecía la pena de prisión por abuso del cargo únicamente para las cantidades superiores a 44 euros. Según la oposición, la disposición se había creado ad personam para favorecer al líder del partido socialdemócrata, Liviu Dragnea, que actualmente está siendo juzgado por un abuso de 24 euros.
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