La bomba que amenazaba con hacer saltar por los aires los presupuestos de las Regiones ha sido desactivada. “Hemos lanzado un decreto ley con una disposición que aclara la cuestión relativa a la contabilización de las deudas pasadas de las Regiones, lo que permite regularizar completamente la situación”. Así lo ha anunciado el subsecretario del Primer Ministro, Claudio De Vincenti, en la rueda de prensa al final del Consejo de Ministros.
Las dificultades habían comenzado tras una sentencia del Tribunal Constitucional. El pasado mes de junio, la Consulta había rechazado una práctica presupuestaria a la que habían recurrido algunas Regiones, como Piamonte. El problema se refería a la forma de contabilizar los fondos adelantados por el Gobierno a las Regiones para pagar (a través de préstamos contraídos con el Tesoro) las deudas pendientes con los proveedores. Esos mismos recursos, en algunos casos, también se utilizaron para alimentar gastos corrientes y esto -según los jueces constitucionales- no era legítimo.
A la luz de la sentencia de la Consulta, el Tribunal de Cuentas ha certificado un déficit de Piamonte cercano a los 6 millones de euros. El caso estalló por falta de claridad sobre la aplicación de la ley, según las Regiones. Tras dos aplazamientos, el Gobierno resolvió la situación con un decreto que no destina fondos adicionales a las Comunidades Autónomas involucradas en planes de recuperación de maxidéficits, sino que les permite repartir las deudas a 30 años.
De Vincenti también anunció que “el Consejo de Ministros ha aprobado en examen definitivo los dos decretos legislativos relativos a los métodos de resolución de posibles crisis bancarias. De esta manera estamos perfectamente alineados con la Unión Europea. Las observaciones de las comisiones parlamentarias fueron tomadas en cuenta en la versión final".
