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Productividad: empresas divididas, acuerdo aplazado

Se crea una brecha entre el eje consolidado CGIL-Confindustria y el mundo de las pequeñas empresas, bancos y aseguradoras. Passera y Fornero piden un uso eficiente de los fondos disponibles para salarios de productividad. Mussari: "Tengo confianza", pero el acuerdo se desliza.

Productividad: empresas divididas, acuerdo aplazado

La triangulación entre el gobierno, los sindicatos y los agentes sociales en la tabla de productividad no ha sido, por ahora, exitosa.
Mario Monti esperaba un acuerdo de última hora, que se mostraría en Bruselas junto con la aprobación del proyecto de ley anticorrupción en el Senado.

Tras largas e ilusionadas negociaciones, la carrera final no dio resultados, pero sí la polémica: Susanna Camusso acusó al Gobierno de entorpecer el proceso de concertación entre los sindicatos y el mundo empresarial, tras una reunión separada en el Ministerio de Fomento entre el dúo Passera-Fornero y asociaciones de empresarios. La dura crítica de Camusso no pasó desapercibido, tanto que el superministro de Via Veneto no tardó en calificar de "sin sentido" los comentarios del secretario de la CGIL, quien criticó la falta de invitación a los representantes sindicales.

Esta mañana, sin embargo, el presidente Abi Giuseppe Mussari se declaró "optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo por la productividad". Un optimismo también compartido por Giorgio squinzi, a pesar de que la imposibilidad de llegar a un acuerdo a tiempo se debe precisamente a la ruptura que se ha producido entre el eje consolidado Confindustria-Cgil por un lado, y el mundo de la pequeña empresa y las finanzas por otro.

Solo elAbi (Asociación Bancaria Italiana) y laAnia, que representa a las aseguradoras a nivel nacional, se opuso a un acuerdo que -según algunos rumores- habrían alcanzado CGIL y Confindustria y lo presentó al ejecutivo, acuerdo que sin embargo juzgaron insuficiente también Corrado Passera y Elsa Fornero. El Ministro de Trabajo, en particular, ha recordado reiteradamente que una condición necesaria para otorgar financiamiento (equivalente a 1,6 millones entre 2013 y 2014) para salarios de productividad es la consecución de un acuerdo serio y cuantificable con certeza.

Pero el acuerdo alcanzado entre Giorgio Squinzi y Susanna Camusso no cumple con estos requisitos, ya que se limita a implementar el acuerdo de la Junio ​​28 2011 (sobre la representación), acuerdo que Passera considera insuficiente ya que “habla de herramientas disponibles y no de compromisos concretamente medibles a favor de la productividad”.

El Gobierno exige que los fondos se gasten de la manera más eficiente posible y está dispuesto a desviarlos hacia la consolidación de las finanzas públicas si los interlocutores sociales son incapaces de realizar, responsablemente, una negociación de alcance sistémico en interés del país. El respaldo que Abi y Ania han garantizado al ejecutivo no es casual: tanto los bancos como las aseguradoras se enfrentan -por diversas razones- a problemas de costes laborales.

Las entidades de crédito deben reducir drásticamente el personal y cerrar 3000 sucursales, haciendo cuentas con los sindicatos de la categoría. Las compañías de seguros se enfrentan a la supresión sustancial de la agentes exclusivos -incluido en la Ley de Estabilidad-, pero también temen la entrada en vigor de un proyecto de ley (en discusión en la Cámara), que introduciría la obligación de garantizar la presencia de agencias en todo el territorio nacional, con consecuencias imaginables en los costes laborales.

El punto central de la historia es (además del tema de la degradación y la flexibilidad horaria) cuánto aumenta el salario para pasar del contrato básico nacional al de empresa, vinculándolo a objetivos de productividad.
Mientras Confindustria y los sindicatos quisieran mantener intacta la estructura contractual (basada en el doble componente, el fijo y el vinculado a los convenios de empresa), el Gobierno y el mundo de la pequeña empresa, unidos en un acuerdo sin precedentes con bancos y aseguradoras, presionan para fraccionar al máximo posible regular el tratamiento económico desde el lado regulatorio, dejando este último a la prerrogativa de los convenios colectivos y trasladando el lado económico a la negociación descentralizada, para reducir un diferencial de competitividad de 20 puntos que le cuesta a la sistema de producción, según Passera, nada menos que 60 mil millones al año.

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