El Juzgado de Gip de Bari aceptó la solicitud de sobreseimiento presentada por el fiscal: no hay asociación delictiva detrás de las dos ampliaciones de capital decididas por la alta dirección de la Banca Popular de Bari como parte de la adquisición del Grupo Tercas, la caja de ahorros de Teramo.
La conducta en cuestión, reza la nota del Poder Judicial, “no puede ser considerada como actividad instrumental para la comisión indiscriminada de varios delitos de estafa agravada”.
La investigación se había abierto tras la denuncia de un exfuncionario del banco de Apulia, posteriormente denunciado por intento de extorsión por parte del grupo liderado por Marco Jacobini.
Popolare di Bari, grupo que cuenta con casi 400 sucursales en toda Italia, fue inicialmente acusado de haber procedido a la fusión por incorporación de Tercas a pesar de encontrarse en una situación financiera riesgosa e insegura.
Hasta la fecha, con el cierre de la investigación, el asunto parece haberse resuelto a favor de Popolare di Bari.
