“Después de 14 meses (el decreto es del 5 de junio de 2017) desde la adjudicación de la licitación, la Anac ha detectado algunos problemas críticos en la venta de Ilva. Pero de acuerdo con la legislación vigente, cualquier irregularidad no es suficiente para desencadenar una cancelación automática: la evaluación corresponde únicamente a la administración, es el Ministerio de Desarrollo Económico, quien, después de gestionar el procedimiento, debe evaluar si el interés público es primordial para cancelar la licitación y su resultado". Así lo aseguró el secretario de la Fim Cisl, Marco Bentivogli.
“No corresponde al gremio evaluar la regularidad de las diligencias –añadió– lo que le pedimos al Gobierno es que no deje pasar más tiempo y tome una decisión. Más retrasos siguen siendo pagados por trabajadores y ciudadanos y alejan las posibilidades de recuperación y ambientalización”.
