Vigilantes privados en barcos contra ataques piratas. Así lo dispone la resolución aprobada por unanimidad por la Comisión de Defensa del Senado. Según el Observatorio de la Piratería del International Martime Bureau, el año pasado se registraron 445 ataques, con la captura de 53 embarcaciones y la incautación de 1.181 operadores marítimos. Este año los ataques ya han llegado a 243. En términos económicos, el aumento del riesgo asociado a los ataques piratas y la inseguridad generalizada del tráfico marítimo ha supuesto unas pérdidas globales para la comunidad mundial que oscilan entre los 13 y los 16 millones de dólares. Un fenómeno de dimensiones humanas y económicas preocupantes, que también ve a nuestra flota muy expuesta.
La priateria infesta principalmente los mares del sureste de Asia y el sur de América, pero también la franja de mar del Golfo de Adén y la que se encuentra frente a las costas de Somalia. La resolución aprobada hoy compromete al Gobierno a continuar y reforzar su acción junto a los socios internacionales, actuar en la ONU y la OTAN e identificar "soluciones legislativas urgentes". La disposición debe prever el empleo a bordo de buques que enarbolen el pabellón italiano de equipos armados de la Armada, a cargo de los armadores que lo soliciten. Además, el armador debería en todo caso estar autorizado, si así lo quiere o lo prefiere, a hacer uso de la seguridad privada “destinada a la disuasión y autodefensa ante la amenaza pirata”.
