Los focos de Europa vuelven a centrarse en Grecia. La reunión extraordinaria del Eurogrupo se celebrará esta tarde para examinar los "avances" de Atenas y completar la primera revisión esperada del acuerdo de rescate firmado el pasado verano, pero la luz verde para el traspaso del nuevo tramo de ayuda es más incierta que nunca .
Ayer por la noche, tras otra sesión dramática, el Parlamento griego aprobó el paquete de medidas de austeridad presentado por Alexis Tsipras, que prevé recortes en las pensiones, aumentos en las contribuciones a la seguridad social e impuestos. Desde el viernes, el país está paralizado por una ola de huelgas.
Enfría el optimismo sobre el desbloqueo de la negociación una carta al Eurogrupo de Christine Lagarde, directora general del FMI, según la cual el compromiso griego de definir formalmente de forma inmediata otras medidas preventivas que se activarán en caso de que Grecia no cumpla objetivos presupuestarios.
Los acreedores -sobre todo el FMI y Alemania- están convencidos de que los nuevos recortes de 3 millones aprobados por el Gobierno griego con las reformas fiscal y de pensiones no son suficientes para cumplir los objetivos contenidos en el plan de rescate, que obliga a Atenas a obtener un superávit primario igual al 3,5% en 2018.
Por ello, el Fondo y Berlín quieren obligar a Grecia a lanzar de inmediato nuevas medidas de austeridad no previstas en los acuerdos del pasado verano. En resumen, ahora se pide al Parlamento griego que apruebe intervenciones por otros 3 millones de euros (equivalentes al 2 % del PIB) que se activarían automáticamente si Atenas no alcanzara el objetivo fijado para 2018.
La Constitución griega impide la adopción de una cláusula de salvaguardia de este tipo. Así lo apuntaba en las últimas semanas el ministro de Hacienda griego, Euclis Tsakalotos, que alternativamente proponía el compromiso de su país de realizar recortes automáticos cuando Eurostat certificase desviaciones significativas de los objetivos. Los acreedores se negaron.
