La desastrosa saga deex Ilva de Tarento no parece haber un final para esto. En la reunión con ArcelorMittal, la delegación del gobierno propuso a la alta dirección de la empresa la firma del acuerdoIncremento de capital social, equivalente a 320 millones de euros, con el fin de aumentar la participación del accionista público Invitalia al 66%. Esta medida tenía como objetivo garantizar la continuidad de la producción de la fábrica. Sin embargo, el gigante franco-indio rechazó la oferta, demostrando su falta de voluntad para asumir compromisos financieros y de inversión, incluso como accionista minoritario. Ante esta indisponibilidad por parte de la empresa, el gobierno confió a Invitalia - que formalmente forma parte de la estructura corporativa de la ex Ilva - la tarea de tomar las decisiones necesarias a través de su equipo legal. Así lo informó el Palazzo Chigi en un comunicado de prensa nota.
La situación se complica aún más. El Estado, en busca de un nuevo inversor privado, podría considerar varias opciones, como la administración extraordinaria o el procedimiento de acuerdo negociado. Mientras tanto, el gobierno ha convocado a la organizaciones sindicales para la tarde de Jueves Enero 11, reunión inicialmente prevista para mañana.
Los nudos para desatar
ArcelorMittal no quiere aportar ni un céntimo ni para la continuación del negocio ahora en quiebra (necesidad urgente de 320 millones de euros), ni para invertir en innovación vegetal y descarbonización. Pero la fábrica corre el riesgo de detener la producción si no se paga el suministro de gas a la red de Snam.
Además de los desacuerdos sobre recursos financieros que se asignarán a la empresa, otra cuestión por resolver se refiere a la gobierno. Arcelor desea conservar el cargo de director general hasta mayo, pero ante la posible adquisición de la mayoría por parte de Invitalia, el gobierno cree que la agencia elegirá al director de la empresa. Los acuerdos de 2020 otorgan a Mittal (Gobierno del Conte 2) siete poderes de veto sobre cuestiones calificadas, incluida la aprobación del presupuesto que, al estar vinculada a la gestión de Lucía Morselli, podría mantener al director general en el cargo.
Después de meses de tensiones la manera de resolver la crisis de liquidez de la acería más grande del país está abierta a disputas legales.