Sindicatos en pie de guerra tras la reunión -definida como "decepcionante e inconclusa" entre los gremios, los comisionados de Ilva en administración extraordinaria y los ministros Stefano Patuanelli (Desarrollo Económico), Roberto Gualtieri (Economía) y Nunzia Catalfo (Trabajo).
El Gobierno rechazó sin reservas el plan presentado la semana pasada por Arcelor Mittal para la ex Ilva que prevé 3.200 despidos, reducción de producción y aplazamiento de inversiones. "Este plan es inadecuado para nosotros", dijo el ministro de Economía, Gualtieri. “Está claro -añadió- que el Covid existe y por tanto es legítimo, respecto de una planificación previamente definida, tener en cuenta un evento que no puede considerarse inexistente, pero es igualmente cierto que este plan va mucho más allá de simplemente adaptar el plan de marzo a las circunstancias”.
El ministro Catalfo habló de un plan que "no es del todo satisfactorio". “La reducción del empleo –dijo– no es aceptable tal como se presenta. El plan industrial presentado en marzo era bastante diferente a este”. El ministro Patuanelli también es duro según el cual Arcelor Mittal habría utilizado la retirada del Escudo Penal como excusa para devolver los implantes.
El secretario general de la Fim Cisl es muy duro, Marco Bentivogli: "La empresa rompió el acuerdo de 6 de septiembre de 2018 con el sindicato y el de 4 de marzo con el Gobierno y hará lo mismo con el enviado el 5 de junio". El sindicalista rechazó sin apelación las cifras del nuevo plan de negocios filtrado por los rumores y no presentado hoy por el gobierno en la mesa de discusión.
“El nuevo plan prevé 3200 en Cigs ya en 2020 para sumar los que están en administración extraordinaria. Pasar de 2023 a 2025 como meta de ambientalización y pleno empleo nno solo inaceptable sino también solo teórico, porque es inconsistente en términos de inversiones y cuestionable desde el punto de vista de la efectividad para el relanzamiento de la producción”, comenta.
Bentivogli expresa entonces una opinión totalmente opuesta a la del ministro Patuanelli. Según él, la decisión de cancelar el escudo penal contra la nueva propiedad india francesa habría desencadenado el declive de las relaciones entre la multinacional y el gobierno y, en consecuencia, con los sindicatos.
“La reconstrucción del ministro Patuanelli insiste en considerar la remoción del escudo penal como pretexto para la devolución de los implantes. Pero la planta de Taranto no se puede utilizar como acordeón dependiendo de los volúmenes. La realidad ha demostrado que con la introducción de la reforma, que suprimió el escudo penal, se inició la desvinculación. La compañía pagó 1,8 millones para adquirir Ilva y ahora pondrá 500 millones por una participación minoritaria, quizás con el préstamo que prevé el Decreto de Liquidez. Y todo lo demás lo pondrán los contribuyentes. Una obra maestra”, concluye Bentivogli.