Anoche La7 dedicó al menos cuatro horas de emisión a hablar de los privilegios de "casta" y esta mañana los diarios se llenan de artículos destacando la derrota del gobierno Monti sobre la liberalización de taxis y farmacias. La impresión es que con demasiada frecuencia caemos en el populismo, que la ira de la gente se despierta en objetivos secundarios después de todo. (y además no bien examinados en su sustancia técnica), distrayendo la atención de los verdaderos problemas subyacentes que frenan la economía y que nos han llevado al borde del abismo.
La casta y el lobby antiliberalización son dos caras de la misma moneda. Y el medallón lo constituye el excesivo, ya menudo desquiciado, intrusismo del Estado en todos los sectores de la vida económica, en la enorme e ineficaz intermediación del dinero público operada por la política, en la gestión clientelar de lobbies y empresas. Reducir las controversias sobre castas a los salarios o reembolsos de gastos de parlamentarios o consejeros regionales es engañoso además de doloroso. La exaltación plebeya hacia todos los que tienen altos ingresos, considerados evasores de impuestos si en el sector privado o despreciables especuladores si en el sector público, conduce a juicios sumarios en la plaza, pero no nos permite dar un paso adelante en la rehabilitación de nuestro sistema económico.
Señalar con el dedo a los odiados taxistas oa los detestables farmacéuticos (por cierto, ¿por qué nos hemos olvidado esta vez de los notarios?) es solo una parte marginal del problema de la liberalización y el buen funcionamiento de la competencia. De hecho, el principal problema vuelve a residir en el sector público y en las miles de empresas controladas por éste que operan con regímenes favorables y que repercuten sus mayores costes a los ciudadanos directamente oa través de impuestos. Tomemos, por ejemplo, el sector del transporte regional dividido en más de 150 pequeñas empresas y en su mayoría ocupado por políticos falsos o por familiares de los políticos en el cargo. El Gobierno ha aumentado la gasolina para financiar estas empresas y la renovación de los vehículos que son los más antiguos de Europa. ¿Por qué no condicionó el desembolso de estos fondos a una reorganización del sector con una drástica reducción del número de empresas para conseguir un ahorro de costes y una mayor racionalidad en la gestión de la red? ¿Y qué hace la corporación sindical en su lugar? Una buena huelga general para recuperar el contrato sin importar un bledo la eficiencia. Incluso Catricalà, que debería ser un experto, se equivocó al embarcar al Gobierno en medidas sobre taxis, farmacias y quioscos, que, suponiendo que realmente puedan traer beneficios a los ciudadanos, son poco más que simbólicas respecto a la necesidad de eliminar a demasiados Ghinos. Tacones que los consumidores italianos cortarán.
De hecho, el primer problema que tenemos es el costo del sector público y las empresas que controla. El caso Finmeccanica sigue ahí fresco para demostrar qué tipo de entrelazamiento existe entre las empresas públicas y sus protectores políticos. Y así las recientes detenciones del vicepresidente de la asamblea regional de Lombardía y de varios concejales en Calabria, Sicilia y muchas otras administraciones. En definitiva, para quienes hacen política, no es tanto el salario lo que cuenta, sino el negocio que logra impulsar o los beneficios que puede derivar de la protección de tal o cual lobby.. Luego mantener un salario más que digno para los parlamentarios pero reducir su número, suprimir las provincias, fusionar los municipios y sobre todo obligar a todas las administraciones a vender las empresas que controlan, reforzando obviamente los poderes de dirección y control que deben quedar en manos de autoridad política Sólo así será posible abrir el mercado a una mayor competencia, hacer las inversiones necesarias en muchas infraestructuras empezando por los acueductos, con reducciones efectivas en el costo de estos servicios.
Eliminar algunos privilegios absurdos de los parlamentarios como la llamada renta vitalicia es sacrosanto. Pero no es con medidas de este tipo que solucionaremos los problemas de falta de crecimiento. Hoy la Liga y gran parte del PDL se quejan de la maniobra del gobierno de Monti porque está desequilibrada por el lado fiscal. Se olvidan de que ese es el precio que los italianos tienen que pagar porque su gobierno no ha logrado reducir el exceso de gasto público en los últimos tres años. Que propongan ahora recortes, privatizaciones y liberalizaciones que permitan reducir rápidamente la carga fiscal de ciudadanos y empresas, promoviendo así una verdadera recuperación de la economía.