En 2020 el bloqueo de actividades provocado por la pandemia hizo reducir la cantidad de residuos producidos de empresas terciarias: más de cinco millones de toneladas menos que en 2019. Al mismo tiempo, sin embargo, el costo total del impuesto a los residuos (Tari) siguió aumentando, alcanzando un nivel récord de 9,73 millones. El aumento es incluso del 80% en los últimos 10 años. Los cálculos son del Observatorio Tributario Local de Confcommercio, que en 2020 relevó las resoluciones y reglamentos de todos los municipios de las capitales de provincia, así como de más de dos mil otros pequeños y medianos municipios.
Entre las actividades que más pagan están las de venta de frutas y verduras, floristerías, pescaderías, restaurantes, pizzerías y pubs.
La asociación recuerda que “2020 debería haber sido un punto de inflexión. La Arena había establecido, de hecho, que la aprobación del reglamento debería estar operativa durante 2020 nuevo Método de Tarifa de Residuos (MTR) con el objetivo de evitar partidas de coste indebidas, ineficiencias y mayor adherencia entre las tarifas pagadas por los usuarios y la producción real de residuos en cumplimiento del principio europeo quien contamina paga”.
Sin embargo, segundo el análisis del Observatorio, de 110 capitales de provincia y ciudades metropolitanas, casi el 80% de los municipios aún no han definido este nuevo método. Entre los Municipios que la han implementado, sin embargo, en más de la mitad de los casos (58%) el costo de la Tarifa aumentó en un promedio de 3,8%. A menudo, incluso el peor funcionamiento del servicio corresponde a impuestos más altos. Una paradoja.
Y de poco o nada sirvió la resolución de Arera de mayo de 2020 de rebajar la parte variable del impuesto en consideración a la menor producción de residuos ligada a la suspensión de actividades productivas por el Covid-19, prosigue el informe.
También para esto Confcommercio pide a "exento de pagar el impuesto todas aquellas empresas que, incluso en 2021, se verán obligadas a cerrar sus negocios o reducir su jornada laboral y aquellas que, manteniéndose operativas, registrarán en todo caso una disminución de la facturación y, por tanto, de los residuos producidos”.
En general, las empresas "quieren pagar el derecho, una tarifa por el servicio prestado y sobre todo desearían poder elegir de forma autónoma el operador público o privado más conveniente. Por las cantidades de residuos que las empresas de manera autónoma envíen para disposición y valorización, sin utilizar el servicio público, deberá desgravarse la porción correspondiente de la Tarifa”.