La carta de Bruselas ha llegado. Firmado por el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis y el responsable de asuntos económicos, Pierre Moscovici, apenas ocupa una página. Está escrito que "Italia no avanzó lo suficiente para cumplir con la regla de la deuda en 2018”. Ahora el Tesoro italiano ha 48 horas, hasta el viernes, para enviar una explicación al Ejecutivo Comunitario justificando la transgresión de las normas.
En cualquier caso, el próximo miércoles la Comisión iniciará el procedimiento de infracción contra nuestro país, que luego será refrendado dentro de dos semanas por los sherpas de los ministros de finanzas de la zona euro. Después de lo cual será necesario un nuevo paso técnico en la Comisión antes de la decisión final, que corresponde a los ministros de Finanzas de la Eurozona, que se reunirán para elEcofin el 9 de julio. Esta es la fecha límite para Italia.
Por lo tanto, el gobierno verdeamarillo tiene cinco semanas para proponer uno maniobra correctiva que vuelva a poner las finanzas públicas en una trayectoria adecuada. En teoría, nuestro país debería producir una lista detallada de medidas que garanticen una corrección de 23 mil millones de euros para 2020. El valor de una maniobra financiera real, no una maniobra.
A raíz de triunfo en las elecciones europeassin embargo, el Viceprimer Ministro y Ministro del Interior, Matteo Salvini, ya había dejado clara la intención del gobierno de devolver cualquier solicitud de corrección al remitente de cuentas “Si nos dicen que hagamos los deberes recortando gastos -palabras del líder de la Liga Norte- no lo aceptaremos. Queremos basar el paquete económico de otoño en recortes de impuestos. El mandato popular de ayer es una invitación a hacer lo contrario de lo que se nos impuso hasta el año pasado con los gobiernos de Renzi, Letta y Gentiloni”.
Si el Gobierno sigue la línea dictada por Salvini, el 9 de julio Bruselas iniciará el procedimiento sancionador por incumplimiento de las normas sobre deuda pública. En ese momento, Italia se verá obligada a fuertes ajustes de cuentas durante al menos cinco años, hasta la reducción a cero del déficit para reducir la deuda. Si incluso en ese caso nuestro país se negara a obedecer, se romperían sanciones económicas reales.