El Jefe de Estado no se anda con rodeos: el texto que contiene la prórroga por un año de las convocatorias de concesiones de playas debe ser reescrito. Tal como está, el decreto, por la parte de los establecimientos de baño, corre el riesgo de ser impugnado por la UE y el Consejo de Estado, pero también por cualquier entidad que tenga una disputa. La sentencia del Consejo de Estado insinuaba la plazo a finales de 2023 de concesiones a propietarios de balnearios y la Comisión Europea ya había planteado la cuestión de monopolio de facto que se aprovechó de la falta de una ley nacional que previera la igualdad de trato entre los operadores. Ahora, sin embargo, no solo se aplazará el plazo hasta diciembre de 2024, sino que habrá tiempo hasta finales de 2025 para que los Municipios aborden los retrasos.
En definitiva, un lío que podría costarle muy caro a las finanzas públicas italianas. No sólo por la lluvia de recursos que pudieran caer sobre jueces y municipios, sino sobre todo por la procedimiento de infracción de la ley comunitaria de competencia, que ya tiene algunos precedentes de intervención en el litoral ibérico, por una situación similar a la nuestra.
Por su parte Giorgia Meloni no disputó la carta con las declaraciones del Jefe de Estado y de hecho ya ha advertido a sus aliados que presten más atención en el futuro. La primera ministra ya parecía dispuesta a cambiar la ley durante el examen en el Palazzo Madama, pero la resistencia de la Lega y Forza Italia se lo impidió. De hecho, las dudas legítimas del Quirinale habían surgido durante las consultas con el Palacio Chigi, pero parecía que al final se podría encontrar un compromiso sin efectos secundarios.
Ahora queda por entender si la revocación formal del Quirinale llevará al centroderecha a corregir su enfoque: por ahora solo ha vinculado el aplazamiento de un año a una mesa en el palazzo chigi para hacer uno mapeo de la propiedad estatal y evaluar si la Directiva Bolkenstein es aplicable en función del espacio disponible.
Por el Ministro de Relaciones con el Parlamento, luca ciriani “Hay decenas de miles de pequeñas empresas familiares que no podemos permitir que desaparezcan: la prórroga sirve para garantizarlas inmediatamente y luego iniciar un debate dentro de la Unión Europea para encontrar una solución”.