Veneto Banca y Popolare di Vicenza corren el riesgo de no poder ser salvados por el estado y tener que afrontar el bail-in. La razón es que, con las normas europeas en mano, la mano pública sólo puede intervenir si al menos el 80% de los accionistas se adhieren a la oferta de liquidación, es decir, el acuerdo en virtud del cual una entidad se compromete a compensar parcialmente las pérdidas sufridas por los accionistas a cambio por su renuncia a la acción legal.
Básicamente, la ayuda estatal solo es posible a condición de que se elimine el factor desconocido vinculado a las disputas (cuyo valor estimado es de 5 millones de euros) sobre el presunto fraude en la venta de acciones de los dos institutos. De lo contrario es muy probable que los bancos no cuenten con los ratios de capital necesarios para beneficiarse de la recapitalización preventiva por parte del Estado.
El problema es que hasta ahora solo el 34% de los 169 miembros de Veneto Banca y Pop Vicenza se han adherido a la oferta y el tiempo se acaba. Solo quedan 14 días para alcanzar el umbral del 80 por ciento. Ayer, el director gerente de Popvi y jefe del comité estratégico de Veneto Banca, Fabrizio Viola, y el ministro Pier Carlo Padoan hablaron sobre esto en una reunión en Roma en via XX Settembre. Y no han llegado comentarios oficiales, salvo que se trató de un encuentro "interlocutorio".
Por su parte, la comisaria de Competencia de la UE, Margrethe Vestager, ha abierto la posibilidad de que, si se ha producido una venta fraudulenta, los accionistas "puedan ser indemnizados mediante arbitraje o directamente, si se demuestra que muchos han sido víctimas". Un portavoz de la UE precisó por la tarde que la referencia no era a las ayudas estatales a favor de los accionistas: "La responsabilidad de corregir los casos de ventas abusivas recae en el vendedor de los productos en cuestión, es decir, los bancos".