Il 18 de agosto de 1920, hace exactamente 102 años, el 19ª enmienda a la Constitución de los EE.UU., que prohibía a los estados individuales cualquier discriminación de género en el reconocimiento del derecho al voto. Sin embargo, la mayoría de los mujeres negras todavía tuvo que esperar casi cincuenta años antes de poder entrar en una cabina de votación. La reforma constitucional, de hecho, fue un paso histórico y necesario, pero no suficiente para derrotar el racismo y garantizar la universalidad del derecho al voto.
La explicación de la historiadora Martha S. Jones
“La Enmienda 19 no eliminó las leyes estatales que funcionaban para evitar que los estadounidenses negros votaran a través de impuestos electorales y pruebas de alfabetización, ni se ocupó de las violaciones o los linchamientos”, explica en una entrevista con el tiempo la historiadora Martha Jones, autora del libro "Vanguard: cómo las mujeres negras rompieron barreras, ganaron el voto e insistieron en la igualdad para todos".
“Algunas mujeres afroamericanas en realidad comenzaron a votar gracias a la enmienda 19 – continúa Jones – En algunos casos ya podían hacerlo antes: por ejemplo en California, Illinois o en el Estado de Nueva York, donde los gobiernos habían dado la autorización. Pero recién en el verano de 1920 muchas otras mujeres se vieron obligadas a crear un nuevo movimiento por el derecho al voto: una lucha que habrían librado solas, porque para entonces las organizaciones que habían encabezado el movimiento por el sufragio femenino se estaban disolviendo.
La Ley de Derechos Electorales de 1965
La victoria definitiva llegó sólo medio siglo después, el 6 de agosto de 1965, cuando el entonces presidente estadounidense Lyndon Johnson firmó la "Voting Rights Act", la ley que prohibía de una vez por todas la discriminación racial en el ejercicio del derecho al voto. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, fue esta disposición de la legislación federal estadounidense la que demostró ser más eficaz para garantizar los derechos civiles de las minorías. De hecho, la ley contiene una disposición general que prohíbe que cualquier gobierno estatal o local imponga cualquier norma o reglamento que implique discriminación contra las minorías raciales o lingüísticas. Otras disposiciones generales prohíben las pruebas de alfabetización y todos los dispositivos que, con el tiempo, se han utilizado para impedir que voten los no blancos.